La familia constituye el núcleo base de la sociedad, el grupo social primario y fundamental en el que nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones, y por ello es reconocida como una institución de orden público e interés social cuyo desarrollo y bienestar deben ser garantizados por el Estado.
La familia, entonces, es objeto de tutela jurídica; sin embargo, dicha tutela no está dirigida únicamente a la protección de la institución en sí, sino, sobre todo, a la de las personas que la integran, es decir de sus miembros, quienes deben ver satisfechas sus necesidades primarias, tanto en el aspecto económico como afectivo.
Con este fin, se busca que en las relaciones familiares imperen la consideración, la solidaridad y el respeto mutuos, con lo cual no sólo se beneficia a sus integrantes, al salvaguardarse su integridad física y psíquica, sino a la sociedad en su conjunto, la cual a su vez se ve afectada ante la existencia de fenómenos, como el de la violencia familiar, que fractura la estabilidad y armonía del núcleo social primario.
En este tenor, la violencia familiar trasciende la esfera privada e incide directamente en el funcionamiento de la sociedad, y es por esta razón que el Estado, a través de diversas iniciativas, como la expedición de normas jurídicas, busca prevenirla, sancionarla y erradicarla, así como dar asistencia y protección a quienes la sufren.
Por lo anterior encontramos que la violencia familiar debe de definirse como “toda aquella agresión intencional, de carácter físico, psicoemocional, sexual o económico, que, por acción u omisión, de uno de los miembros de la familia extensa, abusando del poder y posición que tiene dentro de esta, dirige a otro de los integrantes del núcleo familiar, con el fin de causarle daño, controlarlo o someterlo”.
Dicha situación tiene consecuencias de índole tanto civil como penal, y lo único que se necesita para erradicar la misma, es denunciarla penalmente y demandar las consecuencias de esta vía civil.